SANTIAGO.- Cientos de miles de armas de fuego con inscripción
vigente a nombre de civiles fallecidos, con antecedentes
penales o incluso menores de edad, fueron algunas de las
irregularidades detectadas por una auditoría de la
Contraloría General de la República a la Dirección General de
Movilización Nacional, DGMN. La fiscalización analizó los
procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en
la entidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018.
Desde el Gobierno atribuyeron esta situación a una
falta de facultades de que tiene el Estado para fiscalizar el
control de armas, por lo que insistió en la necesidad de
aprobar la nueva ley sobre la materia. «La ley de armas está
en el Senado, la estamos empujando, estamos trabajando con
ellos para poder determinar ahí una legislación moderna y
avanzar en esta materia», apuntó el ministro del Interior,
Rodrigo Delgado.