VALPARAISO.- El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregó
en el Senado los antecedentes sobre el escándalo por el caso
convenios, que involucra a seremis de su cartera y
fundaciones con militantes oficialistas, advirtiendo que «los
gastos en cuestión vienen del gobierno anterior». En la
Comisión de Vivienda y Urbanismo, hizo una revisión sobre la
gestión de recursos destinados a campamentos, detallando que
del total sólo un 30 por ciento fue transferido a fundaciones
y ONGs.
Sobre el lío de dineros en el Minvu, aseguró que
«el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022,
todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno
anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de
proyectos en una interacción previa con los respectivos
Serviu». «En el caso del 2022, para Democracia Viva, no
aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del
proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar
delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto
solamente se ha traducido en dos proyectos», detalló.
Así, el ministro explicó que «en febrero del
2022 se estableció el conjunto de acciones a desarrollar
durante ese año. El gobierno que llega lo que hace es cierta
adaptación en el marco de las definiciones que había».
Mientras que «en el 2023 recién estamos pagando lo que viene
de arrastre y con solo dos proyectos nuevos». Sin embargo,
dijo aseguró que en el Ejecutivo han «tratado de no
transformar el problema de los buenos y los malos, los de
antes y los de ahora».
Por otro lado, Montes advirtió que este
escándalo puede seguir creciendo, ya que «es probable que
haya otros casos, por eso estamos preocupados de saber más,
reunir más información y tenemos que anticiparnos a los casos
para que no cundan, pero especialmente para buscar
soluciones». «Nosotros estamos elaborando un nuevo protocolo,
una nueva forma de relacionarnos con estas instituciones»,
destacó el ministro líder de Vivienda.
En tanto, el senador PS Fidel Espinoza comentó
que en el Congreso saben que la norma de trato directo se
dictó en 2015 y con una primera aplicación en 2019, por lo
que el foco del cuestionamiento no está en eso, sino que en
una utilización de un método para cometer fraude al fisco.
«El orden es: primero, municipios; segundo, si los municipios
no pueden ejecutar o no quieren ejecutar, el Serviu; y en
tercer lugar, de manera excepcionalísima, las fundaciones, a
través de trato directo. Pero aquí hicieron de lo particular,
la generalidad», puntualizó.