La Municipalidad de San Felipe puso a disposición del Ministerio Público una serie de antecedentes relacionados con el actuar de dos funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), quienes emitían doble boleta de honorarios, una para cobrar su remuneración y, la otra, les permitía obtener recursos que se entregaban directamente a un superior jerárquico.
A esto se agregan otras medidas adoptadas, entre ellas, la suspensión del contrato de telefonía celular, esto porque existen 186 líneas que representan un costo mensual de 6 millones pesos ; sumado a que no se renovarán los arriendos de 18 propiedades, entre ellas, las oficinas del Departamento de Cultura que funcionaba en el Complejo Patrimonial Buen Pastor, con un costo de casi dos millones de pesos mensuales.
Así lo informó el alcalde suplente Christian Beals, quien precisó que los funcionarios están confesos y los montos involucrados bordean los 100 millones de pesos (en un caso, 83 millones de pesos y, en otro, 23 millones de pesos), resultado de una investigación sumaria en curso.
“Esto eran recursos adicionales a los ingresos mensuales que percibían los funcionarios, un sistema hecho para que pudieran hacer doble boleta de honorarios, en la que se cobraban servicios no realizados, dineros que se entregaban a una jefatura directa”, comentó.
El jefe comunal calificó esta situación como lamentable, “la municipalidad se hará parte en esta causa, por lo pronto, los funcionarios están separados de sus funciones hasta que termine la investigación”.