Por Luciano Valle, Cientista Político
Hace unos días se firmó el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno, y la Mesa del Sector Público que incluye Asociaciones, Confederaciones y Federaciones de distintas áreas de los trabajadores públicos. Se incorporan el presidente de la CUT y el coordinador de la Mesa del Sector Público.
En dicho Protocolo se abordan estructuras y reajustes salariales, bonificaciones, bonos, así como las condiciones de trabajo en materias como el teletrabajo, jornadas laborales que consideran las particularidades de cada sector, incentivos y condiciones de retiro y el tratamiento de situaciones especiales que afectan a trabajadores y trabajadoras.
Es evidente que, con un marco de acuerdo entre las partes, – que involucra a miles de trabajadores y trabajadoras-, se facilita el tratamiento de la materia, por las instancias institucionales correspondientes. El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, destacó el valor del Acuerdo, la Unidad de acción y el Dialogo en torno a las condiciones laborales. Habrá que agregar el cultivo de la Confianza, la Buena Fe y la Responsabilidad de ambas partes.
Desde la promulgación de la Ley 19.296, el 28 de febrero de 1994, durante la presidencia de Patricio Aylwin, que permite la creación de asociaciones de empleados públicos, se han desarrollado instancias de dialogo y tratamiento conjunto de los problemas, incluidos los desacuerdos, entre los trabajadores del sector público y el Gobierno. Se han abordado agendas de colaboración respecto de materias como la modernización del estado, las condiciones laborales y otras de alcances generales en temas como los previsionales, de salud, junto a negociaciones anuales para efectos salariales y de beneficios.
Es una expresión concreta y muy positiva de lo que podría hacerse equivalente a la negociación ramal. También, de
comprensión de las relaciones laborales como una práctica, con reglas claras, que van construyendo las relaciones entre
trabajadores y empleadores. Para ello se requiere el cultivo de la Confianza Mutua, la Buena Fe y la Responsabilidad, y
Convicción sobre la necesidad de Unidad de Acción de los actores involucrados.
La negociación ramal, que con formatos diversos se practica, por ejemplo, en la mayoría de los países de la Unión Europea, trata las condiciones comunes de trabajo y salariales para toda una rama o sector de la producción, o área de actividad industrial, tecnológica o de servicios.
Existe un extenso consenso en relación a que la negociación ramal refuerza el poder negociador sindical, que impacta positivamente en la distribución del ingreso (grave fractura en la sociedad chilena), que favorece la participación y eleva el compromiso de los trabajadores y trabajadoras en su lugar de labores y que, en general, estimula y amplia los espacios de deliberación democrática.
Por supuesto, de acuerdo al principio de la primacía de la realidad, que los dirigentes sindicales entienden muy bien,
es condición “sine qua non” aceptar la necesidad de ponderación y reconocimiento de distintas escalas empresariales y de organizaciones productivas presentes en los distintos sectores. Ello implica definir líneas de excepción para pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta número de trabajadores, facturaciones y otras características.
Es también, positivo para los empleadores una relación laboral con este clima que, sin dudas, impactará favorablemente, en el largo tiempo en la estabilidad de los sectores respectivos.
Con las debidas particularidades, así se ha observado en países con altos niveles de desarrollo.
Las restricciones que, en la propuesta constitucional rechazada, pretendía la derecha imponer a la acción sindical y gremial, al derecho a huelga y a la negociación ramal, no tienen antecedentes históricos que muestren virtudes y ventajas.
Dichas restricciones reflejan de forma condensada sus prejuicios clasistas y el afán de reforzar un determinado modelo económico y social sin posibilidades de contrapeso.
El Protocolo entre el Sector Público y el Gobierno es un aporte a ser considerado como una práctica ennoblecedora de las relaciones laborales en un marco de respeto y reconocimiento reciproco de las partes. El periodo de reflexión que se abre luego del resultado del plebiscito es una oportunidad para comenzar a abordar acuerdos en materias como esta, sobre la base de los principios y valores más arriba señalados.
Superar los desbalances de fuerzas y posibilidades de negociación son fundamentales para una más equitativa
distribución de los frutos del trabajo y, con ello, para la solides institucional de un país. Ello implica respeto a los trabajadores y trabajadoras, a sus derechos y el reconocimiento a su probada capacidad para ejercerlos con responsabilidad y sentido de patriotismo.