El Instituto Nacional de Derechos Humanos
concretará en los próximos días la querella, anunciada en
mayo, contra altos mandos de Carabineros por su presunta
responsabilidad en no frenar las violaciones a los Derechos
Humanos cometidas por agentes policiales contra manifestantes
durante el estallido social. La acción penal busca que «se
cumpla con las obligaciones estatales relativas a la
investigación y sanción de estas graves violaciones de
derechos».
Aunque se dirige «contra todos quienes resulten
responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores
del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles,
inhumamos o degradantes», el escrito menciona a siete
generales. Estos son los mismos a los que la Contraloría
General de la República, el año pasado, les acusó
infracciones a la normativa legal y reglamentaria sobre los
marcos y protocolos de actuación de la institución.
