A propósito de la pésima gestión del gobierno en la entrega de información e implementación del “Bono Clase Media” y las amenazas contenidas en las declaraciones de sus autoridades, señalando que algunos beneficiarios deberán devolver el bono ya otorgado por el sistema, bajo la pena de presidio en caso de no hacerlo, los trabajadores de la salud pública seremos enfáticos en rechazar todo intento por criminalizar y responsabilizar a los trabajadores de los errores cometidos.
Si el gobierno se equivocó, que pague los platos rotos como corresponde y se haga cargo de su nefasta administración. El ministro del Interior, Ignacio Briones, no puede salir a decir que “entiende la frustración” de quienes no podrán acceder al bono o quienes deban devolverlo, porque claramente no comprende que es mucho más que frustración; los chilenos nos sentimos engañados, traicionados, abusados y cansados.
Si las más alta autoridades del gobierno se pasean por los canales de televisión sosteniendo que entregarán una ayuda a la clase media, asegurándole a la ciudadanía que el sistema estará nada menos que en manos del Servicio de Impuestos Internos, para facilitar el proceso y brindar seguridad del mismo; no es posible ni aceptable que después culpen a la gente. Diseñaron mal los formularios de acceso al beneficio y ahora amenazan con exigirnos la devolución de los montos con reajustes e intereses, bajo amedrentamiento de tomar las acciones legales que correspondan, que podrían llegar a la reclusión menor en su grado mínimo a medio.
En otras palabras, se arriesga una pena de reclusión que va de 61 días a tres años y un día a quienes incumplan con devolver un bono otorgado por un sistema engorroso y mal diseñado por las autoridades y los organismos más calificados del gobierno. Parece broma, pero no lo es.
Como este gobierno parece no comprender ninguna empatía, se lo explicaremos con conceptos empresariales. Según el principio de cadena de mando, el responsable final de una gestión es su cabeza, director o superior; sobre él recae toda la responsabilidad del éxito o el fracaso de un proyecto y no sobre quienes se ven beneficiados o perjudicados por su mala gestión.
Rechazamos con fuerza este nuevo intento de hacer que los trabajadores paguen los pecados del gobierno, no se puede criminalizar a quienes por necesidad y confiando en sus autoridades buscaron ayuda.