Un nuevo escándalo sacude al sector eléctrico: desde junio de 2024, las boletas de luz en Chile incluyen un cobro oculto que obliga a los propios usuarios a financiar las compensaciones por eventuales cortes de suministro. Así lo reveló una investigación de Ciper, que generó indignación en amplios sectores ciudadanos y políticos.
El cargo, que no aparece detallado en la cuenta, equivale al 0,52% del total mensual. Es decir, si una familia paga $100 mil en electricidad, $520 de ese monto se destina a cubrir futuras indemnizaciones por fallas en el servicio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que 21 de las 26 distribuidoras del país, entre ellas Enel, CGE, Chilquinta y Saesa, aplican este cobro en 9 de las 12 Áreas Típicas de Distribución.
Una «solución» que favoreció a las empresas
Este mecanismo nació tras un retraso de 42 meses en la aplicación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que debió implementarse entre 2020 y 2024. Originalmente, eran las distribuidoras quienes debían asumir el costo de las compensaciones por cortes, pero ante los desacuerdos con la CNE, se decidió traspasar ese gasto a los consumidores.
La CNE intentó justificar la medida argumentando que así se evitaba que las empresas generaran «sobrerentas artificiales» o desincentivaran la inversión en infraestructura. Sin embargo, no dio explicaciones claras sobre por qué los usuarios deben asumir una responsabilidad que recae en las compañías.
Cambios regulatorios y más privilegios
En paralelo, la CNE modificó en 2024 la Norma Técnica de Calidad de Servicio, reduciendo el tiempo máximo de cortes permitidos al año de 12 a 9 horas, pero aumentando a 6 horas el plazo para reparar fallas en zonas rurales, contradiciendo el reglamento vigente, que establece un máximo de 4 horas. El Panel de Expertos cuestionó duramente este criterio en 2023, señalando que es inaceptable cargar a los usuarios costos que corresponden a las empresas.
Más deudas para los clientes
Como si fuera poco, la Ley 21.667 de Estabilización Tarifaria generó una nueva deuda por US$91 millones entre julio y agosto de 2024, también cargada a los clientes a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Esto se suma al creciente malestar por el alza sostenida en las cuentas de luz.
Reacciones políticas: «Un abuso inaceptable»
El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), presidente de la Comisión de Minería y Energía, calificó el cobro como un “abuso inaceptable” y anunció que citará a una sesión extraordinaria al ministro de Energía, Diego Pardow, y a la CNE.
“El costo de las compensaciones por cortes de luz debe ser responsabilidad de las distribuidoras, no de las familias. Cualquiera haya sido el argumento, es inentendible que las cuentas de luz incluyan este cargo oculto, afectando directamente a la clase media, pymes y sectores vulnerables”, afirmó.
La sesión extraordinaria buscará esclarecer los motivos de esta decisión y exigir explicaciones a los actores involucrados. “Vamos a exigir una solución inmediata y la suspensión de este cobro vergonzoso”, concluyó Sulantay.
