La Ilustre Municipalidad de San Felipe informó la detección de una grave irregularidad administrativa al interior de la Administración de Educación Municipal (DAEM), relacionada con el manejo y custodia de talonarios de cheques incompletos, situación que expuso al municipio a un riesgo cierto para sus recursos públicos.
De acuerdo con lo informado por la alcaldesa al Honorable Concejo Municipal, se constató la entrega a la alcaldía de talonarios de cheques con numeración faltante, incompletos y sin información básica, lo que impide identificar su destino, beneficiario, monto o estado de uso. Estos documentos constituyen valores fiscales, ya que permiten la disposición directa de fondos públicos, por lo que su emisión y control deben someterse a estrictas medidas de resguardo.
Desde el municipio se señaló que, aun cuando no se haya acreditado hasta ahora un perjuicio fiscal efectivo, la sola existencia del riesgo configura una falta grave, que puede dar origen a responsabilidades administrativas, conforme a los principios de probidad y control que rigen la función pública.
Ante esta situación, la alcaldía dispuso medidas inmediatas, entre ellas el resguardo preventivo de los talonarios observados, la suspensión de cualquier uso asociado a los mismos, y el inicio de un proceso de recopilación y revisión de antecedentes para esclarecer el destino de los cheques faltantes.
Asimismo, se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en el traspaso de la documentación contable desde el DAEM al SLEP de San Felipe. Paralelamente, el municipio se encuentra trabajando en la presentación de una querella, con el fin de que el Ministerio Público investigue una eventual responsabilidad penal, especialmente en aquellos casos donde existan cheques cobrados cuyo destino no ha podido ser determinado.
Desde la Municipalidad de San Felipe recalcaron que se continuará informando con total transparencia y que no se tolerarán irregularidades que comprometan el patrimonio público ni la fe pública, adoptándose todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan.
REACCIONES
Su total rechazo a esta situación manifestó el concejal Ronald Olivares, quien calificó los hechos como “inaceptables”, señalando que se trata de una irregularidad grave que pone en riesgo recursos públicos destinados a la educación. En ese sentido, el edil afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias, exigiendo el total esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de todas las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
