Una planta de energía fotovoltaica, compuesta por 22.250 paneles solares de 540 W cada uno, es la que está proyectada para instalar en un terreno de 18 hectáreas ubicado en el sector de Los Molles. Hasta ese lugar llegaron la alcaldesa Carmen Castillo Taucher y el concejal Rafael Sottolichio como presidente de la Comisión de Medioambiente del Concejo Municipal, para interiorizarse sobre los detalles de este proyecto y de sus implicancias para la comunidad sanfelipeña
En el lugar, los ediles se reunieron con los representantes de la empresa titular de la obra GR Temo SpA, así como también con profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), CONAF y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quienes aportaron sus antecedentes respecto de la implementación de esta obra, la clasificación del tipo de suelo a utilizar, afectación de flora y fauna, entre otros.
Tras el recorrido, la Doctora Castillo hizo un llamado a la ciudadanía para que se pronuncie respecto de este proyecto, acercándose a firmar un documento al Edificio Consistorial, en horarios de oficina de lunes a jueves de 8 a 13.30 horas y de 14.30 a 16 horas y los viernes en horario continuo de 8 a 14 horas.
Explicó que, la importancia de hacerse parte de este proceso de aquí al lunes 16 de mayo, radica fundamentalmente en que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto no considera como obligatorio el proceso de participación ciudadana, sin embargo, éste se puede solicitar a partir del pronunciamiento de los mismos vecinos y vecinas.
“En honor a la transparencia, como municipio hemos tomado conocimiento de que hay una empresa que estaría instalando, una planta fotovoltaica en terrenos que hoy son rurales, nos interesa que las personas se acerquen a nuestra oficina de atención ciudadana, donde habrá una carta que pueden firmar como personas naturales u organizaciones comunitarias, señalando que les interesa tener más información de este proyecto”.
Para aclarar todo el aspecto jurídico y el rol que juega el municipio en este tipo de instancias, el Director Jurídico de la Municipalidad de San Felipe, Felipe Salaya, afirmó que la administración edilicia sólo es considerada para responder consultas respecto a si el proyecto vulnera las normas del Plan Regulador Comunal y si altera el Plan de Desarrollo Comunal.
Asimismo, señaló que el rol del municipio es sólo de canalización para que la comunidad cuente con los antecedentes necesarios y añadió que “a nosotros no interesa que sea la comunidad la que pueda realizar las observaciones que estime pertinente frente a este proyecto que podría tener un impacto y acá la única forma de activar este proceso de participación ciudadana, que implica que dentro de un plazo todas las personas interesadas puedan establecer sus observaciones respecto al proyecto, se requiere que dos organizaciones comunitarias o al menos diez personas naturales, realicen la solicitud al SEA para que se abra este procedimiento de participación”.
