A través de una declaración pública publicada en redes sociales, la Ilustre Municipalidad de San Felipe desmintió categóricamente las publicaciones recientes de los medios Fuerza Informativa Aconcagua y Preludio Radio, que aluden a presuntas irregularidades cometidas por la actual administración municipal que afectarían el patrimonio fiscal.
Desde el municipio expresaron su preocupación por lo que califican como una falta de rigurosidad e investigación periodística, indicando que este tipo de informaciones generan alarma e inseguridad en la ciudadanía. “Lamentamos que la falta de investigación y rigurosidad periodística instalen preocupación e inseguridad en nuestra comunidad”, señala el comunicado.
Asimismo, recalcaron que todas sus acciones se han desarrollado en estricto apego a la legalidad vigente, desde el inicio de su mandato. “Queremos ser enfáticos y reiterar que no hemos incurrido en ningún tipo de delito, ni en ninguna acción que atente contra el patrimonio de nuestro municipio y mucho menos contra los intereses de nuestra comunidad”, afirma el escrito.
Aclaración de PRELUDIO
En relación con lo anterior, cabe precisar que Preludio Radio se limitó a informar sobre los antecedentes contenidos en un documento oficial elaborado por la Dirección de Control de la propia Municipalidad de San Felipe. En dicho informe, se exponen observaciones relevantes respecto a una contratación de servicios externos.
Entre los puntos más llamativos, se menciona la inclusión de un “Manual de Procedimientos de Adquisiciones” que, pese a haber sido presentado como parte del trabajo realizado para el municipio de San Felipe, contenía referencias a funcionarios y departamentos inexistentes en dicha comuna. El documento, además, llevaba las firmas de autoridades de la Municipalidad de Quilpué, como la alcaldesa Valeria Melipillán y la secretaria municipal Milena Inostroza.
El informe también indica que, en otras áreas del contrato —como la actualización del Manual de Sumarios Administrativos o la elaboración y revisión de documentos legales— no se entregó evidencia concreta que respalde la ejecución de dichas labores. Algunos informes jurídicos presentados por la empresa corresponderían, incluso, a pronunciamientos ya realizados anteriormente por la Dirección Jurídica del municipio, antes de la contratación.
Asimismo, no se habría acreditado la asistencia semanal del proveedor a las dependencias municipales, tal como lo exigía el contrato en cuestión.
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