La Confederación Fenats Nacional con el objeto de respaldar y apoyar la denuncia realizada con fecha 25 de octubre pasado, por dirigentes de nuestra Asociación Base Fenats Nacional Hospital San Camilo, viene en declarar lo siguiente:
La Dirección del Hospital San Camilo, a propósito de la denuncia realizada por dirigentes de la Asociación Base Fenats Nacional del Hospital San Camilo, ha reconocido en un comunicado oficial y público, que la constatación de lesiones de pacientes detenidos en el marco de las manifestaciones ciudadanas acontecidas las últimas semanas, fueron realizadas en dependencias de la Comisaría de San Felipe, por parte de su personal médico.
Dicha situación nos parece del todo irregular puesto que a diferencia de lo expresado por ellos, los protocolos del Servicio Médico Legal y decretos dictados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecen que se procederá a la constatación de lesiones “por un médico en un centro asistencial de salud” cuando existan lesiones visibles, el detenido solicite atención medica por sí o por un tercero, el detenido se niegue a firmar el acta de estado de salud, y SIEMPRE en aquellos casos que el detenido se trate de un adolecente, entre otros. Con respecto a esto último estamos en conocimiento que dicho derecho fue absolutamente vulnerado ya que entre los detenidos se encontraba al menos un menor de edad, a quien no se le trasladó al recinto hospitalario para realizar los exámenes de rigor, cuando inclusive en su acta de estado de salud fueron consignadas algunas de sus lesiones. Este caso ya fue denunciado por sus familiares a la Fiscalía Local de San Felipe.
En lo que refiere a que don Daniel Álvarez Montoya, fuera parte del personal médico derivado al recinto policial para realizar las respectivas constataciones, nos parece de una falta de tacto impresentable por parte de la dirección del Hospital San Camilo, tomando en consideración que en su oportunidad fuera señalado públicamente, como presunto involucrado en la muerte y desaparición del joven Pedro Soto Tapia, caso que conmocionó a la comunidad local y nacional, motivo de sobra para que nuestros compañeros dirigentes cuestionaran su participación en el procedimiento de constatación de lesiones en cuestión.
Esperábamos como funcionarios de la salud, que las autoridades intervinieran en este proceso con el mayor apego a la legislación vigente y especialmente brindando protección a la salud e integridad de las personas, por sobre la facilitación a la labor de carabineros, como reconocen en su comunicado.
Emplazamos al Servicio de Salud Aconcagua, a trasparentar toda esta situación, ya que dichos cuestionamientos no hacen más que profundizar la crisis actual que acontece en nuestro país y a la tan cuestionada credibilidad de las autoridades públicas.
POR CONQUISTAR EN DERECHO UNA SALUD PÚBLICA DIGNA, DE CALIDAD, PREVENTIVA Y GRATUITA PARA TODOS Y TODAS
