WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 21 altos funcionarios venezolanos, acusándolos de «represión» y de intentar «robar las elecciones» presidenciales del pasado 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro. La legitimidad de los comicios ha sido cuestionada tanto por la oposición como por sectores de la comunidad internacional.
Entre los sancionados, anunciados por el Departamento del Tesoro, se encuentran el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de altos mandos de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana y el SEBIN. Se les acusa de «reprimir violentamente manifestaciones pacíficas» posteriores a las elecciones.
Esta medida sigue al reconocimiento, por parte de la Administración de Joe Biden, del opositor Edmundo González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela. Las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro y apoyar el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano.
