El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, ofició al Servicio Nacional de Migraciones y a la Contraloría General de la República, solicitando una investigación a raíz de la detención de una funcionaria de la Oficina Municipal de Migración de San Felipe, quien —junto a su madre— estaría vinculada al Tren de Aragua.
Según informó el parlamentario, ambas mujeres de nacionalidad venezolana fueron aprehendidas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, que involucra a más de 52 miembros de esta organización criminal transnacional. Las imputadas habrían prestado sus cuentas bancarias para movilizar más de 13 millones de dólares ilícitos.
“El Tren de Aragua y el crimen organizado penetró nuestras instituciones y con ello está corrompiendo aparentemente a funcionarios y miembros de distintas instituciones», advirtió Longton.
Asimismo, el diputado pidió al Servicio Nacional de Migraciones que, una vez cursadas las responsabilidades penales, se proceda a la expulsión inmediata del país de las detenidas. También emplazó a Contraloría a fiscalizar el proceso de contratación dentro del municipio.
«Vamos a pedirle a la Contraloría General de la República que fiscalice y, si es necesario, realice un sumario dentro de la Municipalidad, porque no es posible que funcionarios de esta calaña estén ejerciendo funciones públicas, sobre todo en áreas sensibles como la atención de personas», sostuvo.
La situación ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto nuevamente en debate la debilidad de los filtros en los procesos de contratación pública, especialmente en oficinas relacionadas con población migrante.
