La Fiscalía Regional de Valparaíso informó la detención de cuatro nuevos imputados por su presunta participación en el megaincendio que afectó la región los días 2 y 3 de febrero de este año, causando la muerte de 137 personas y dejando a miles de damnificados. Según trascendió, los detenidos incluyen a funcionarios activos de CONAF y de la 14ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, lo que ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y social.
Reacciones políticas: Exigen sanciones ejemplares y reformas profundas
Diputada Carolina Marzán:
“Es de extrema gravedad que trabajadores cuya misión es proteger a la población resulten ser los autores materiales de hechos tan devastadores. Valoro el trabajo de la Justicia, pero también exijo que estos individuos sean inhabilitados de por vida para trabajar en organismos estatales. Son un peligro para la sociedad”.
Diputado Andrés Longton:
“Destaco la labor de la Fiscalía y la PDI en estas detenciones, pero insto a la Ministra Tohá a cumplir con fortalecer los exámenes psiquiátricos y los procesos de selección en instituciones como CONAF. No podemos permitir que delincuentes ingresen a entidades encargadas de proteger vidas. Además, es urgente revisar el sistema de horas extras, que puede convertirse en un incentivo perverso frente a este tipo de desastres”.
Diputado Andrés Celis:
“Estas detenciones podrían confirmar la existencia de una organización criminal detrás del megaincendio. No fue un accidente, sino un plan coordinado motivado por ambición y dinero. Es inaceptable que vidas y comunidades hayan sido sacrificadas de esta manera. Exijo que la Justicia actúe con celeridad y que las instituciones eleven sus estándares de ingreso para evitar que criminales vuelvan a infiltrarse”.
Próximos pasos y demandas legislativas
Los recientes hallazgos han intensificado el llamado a aprobar proyectos legislativos que aumenten las penas por delitos asociados a incendios forestales y que se revisen los protocolos internos de instituciones como CONAF. Asimismo, se evalúa una intervención directa en la gestión regional para evitar que casos similares se repitan en el futuro.
La Fiscalía sigue adelante con la investigación, mientras las familias afectadas y la ciudadanía esperan respuestas claras y condenas ejemplificadoras.
