Luego de que el Gobierno anunciara la medida de cuarentena para siete comunas de la región metropolitana, la Dirección del Trabajo promulgó un nuevo dictamen donde se fijan las obligaciones contractuales de los empleadores y sus trabajadores. En el documento, la institución establece la posibilidad de eximir a los empleadores del pago de sueldos de los trabajadores, a través del argumento de existencia de “fuerza mayor”, permitiendo la suspensión de la relación laboral, sin remuneración alguna, durante el periodo que dure la cuarentena, cordón sanitario y toque de queda.
Frente a esto, el partido rechazó su promulgación y propuso que se tome en consideración la serie de medidas propuestas con anterioridad por la colectividad.
El Frente de Trabajadores de Convergencia Social, a través de un comunicado, manifestó que el dictamen “interpreta la legalidad vigente de forma absolutamente parcial en protección del empresariado, dejando a millones de trabajadoras y trabajadores en una situación de indefensión absoluta. Las consecuencias del cese del pago de remuneraciones pueden ser terribles, significando un golpe durísimo a las economías familiares, cuyos sostenedores/as no podrán recurrir a otros medios de subsistencia en las circunstancias actuales”.
La presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, planteó la urgencia de dejar sin efecto la resolución. “Instamos a la Dirección del Trabajo a anular este dictamen y a generar interpretaciones que vayan de acuerdo a su verdadera función, que es proteger a las y los trabajadores. Es urgente que el Gobierno escuche a la gente y los graves problemas laborales que están sucediendo, y tome medidas de protección urgentes. También pedimos al Congreso avanzar rápidamente en las mociones parlamentarias que van en la línea de resguardar y proteger los derechos de las y los trabajadores en esta emergencia sanitaria”, expresó.
A juicio del diputado Gonzalo Winter “este dictamen permite que los empleadores no les paguen el sueldo a los trabajadores durante el periodo de cuarentena, pese a que, ni siquiera ha sido aprobado el proyecto para que reciban fondos desde el seguro de cesantía, por lo tanto, podría dejar sin ingresos a miles de familias. Nuestro deber es garantizar que no sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis, por eso creemos que es necesario avanzar hacia la renta básica universal”
En esta línea, el diputado Diego Ibáñez exigió que se legisle con inmediatez el proyecto de seguridad social presentado a comienzos de 2020. “Es relevante que el presidente le coloque urgencia al proyecto que el FA presentó en enero de este año, de reconocer un derecho a una renta universal, y de esa manera que el Estado asegure un ingreso mínimo a todas las personas sin mediar condiciones, que es la única forma de dar protección a las familias en Chile, pues la crisis va a durar meses, incluso después que se acabe la pandemia”.
Y añadió que están trabajando en un proyecto de ley para “prohibir que esta facultad que le da la ley al empleador de suspender el pago de remuneraciones comience a operar desde ya”.
Por su parte, el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, declaró que “nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos como Convergencia Social y como Frente Amplio para revertir esta medida y para que, en el marco de esta crisis que nos va a pegar muy duro, a todo el mundo y también por cierto a nuestro país, podamos proteger a los trabajadores y que la crisis no la paguen ellos sino quienes tienen más”.
Finalmente aseguró que están tomando medidas como colectividad para presentar próximamente: “Estamos trabajando en diferentes iniciativas en esa línea, en materia de pensiones, protección laboral y seguridad social, y la Dirección del Trabajo no está colaborando en esa línea. Esperemos que rectifiquen, nosotros vamos a presentar un recurso de protección para ello”, puntualizó.