Una polémica decisión ha protagonizado el concejal de San Felipe, Ronald Angelo Olivares Cruz, al negarse a participar del test voluntario de drogas impulsado por el Concejo Municipal, medida que ya fue acogida por cinco de sus colegas como un gesto mínimo de transparencia ante la ciudadanía.
El edil notificó su negativa mediante un correo electrónicoa la secretaria municipal, señalando que sólo se someterá a dicho examen si, previamente, la Municipalidad ordena una auditoría externa. Una condición que no cuenta con el respaldo del cuerpo colegiado ni responde a una lógica coherente con el objetivo del test.
Esta postura ha levantado legítimas interrogantes: ¿qué busca ocultar el concejal Olivares? ¿Por qué eludir una prueba que busca justamente asegurar que quienes toman decisiones públicas lo hagan libres de adicciones o influencias externas, incluyendo posibles presiones delictuales? Las decisiones que se adoptan en el Concejo afectan directamente la vida de la comunidad, y por eso es indispensable que sus miembros actúen con plena lucidez y sin condicionamientos.
El argumento de Olivares, lejos de ofrecer claridad, parece una maniobra para desviar la atención, instalando una narrativa en la que él se presenta como una especie de víctima o redentor de la política local, mientras evade una acción básica de probidad. Resulta contradictorio que quien se ha mostrado tan crítico del sistema municipal, no tenga el valor de asumir un mínimo estándar de transparencia como es este examen preventivo.
San Felipe no puede permitirse que algunos de sus representantes continúen bajando el nivel del debate y de la ética pública. La comunidad merece autoridades valientes, íntegras y dispuestas a rendir cuentas sin rodeos ni condiciones. Lamentablemente, la actitud del concejal Olivares hoy apunta en sentido contrario.
