La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, concurrió este viernes a dependencias de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones en Los Andes, donde entregó su testimonio en calidad de víctima en una causa que investiga eventuales irregularidades en la contratación de una asesoría jurídica por parte del municipio.
La jefa comunal llegó acompañada del actual director jurídico de la municipalidad. Aunque evitó emitir declaraciones públicas, fuentes cercanas confirmaron que su declaración forma parte de la investigación que lidera el Ministerio Público, relacionada con una presunta malversación de subvenciones asociada a un informe legal cuya elaboración habría implicado el uso no autorizado de material previamente existente.
El informe en cuestión fue contratado por trato directo durante la gestión del entonces director jurídico, Mario Fuentes Romero, quien además ofició como contraparte técnica del servicio. El documento fue redactado por el abogado Gonzalo Rojas Ramírez, excompañero universitario de Fuentes, y su contenido resultó ser en gran parte una reproducción de textos ya elaborados por la Municipalidad de Quilpué y otros informes internos del propio municipio sanfelipeño.
La Dirección de Control del municipio detectó inconsistencias en la asesoría y objetó el pago correspondiente, argumentando que no cumplía con los estándares exigidos para su validación. A raíz de estos antecedentes, se solicitó la renuncia de Fuentes Romero por pérdida de confianza.
Estos hechos están directamente relacionados con la querella por presunto fraude al fisco que la alcaldesa Castillo presentó el pasado 7 de mayo, la cual fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de San Felipe y continúa en investigación por parte de la Fiscalía.
