De acuerdo con una investigación publicada por CIPER Chile, desde junio de 2025 Miguel Ortega Aguirre se desempeña como jefe del Departamento Jurídico y Transparencia del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Los Andes, cargo que ejerce pese a los cuestionamientos que arrastra desde su etapa como consultor externo en el sistema educativo.
Según detalló el medio de investigación, Ortega fue propietario de la consultora Auditorías y Gestión Educativa (Audigeduc), la cual en 2014 y 2016 se adjudicó dos licitaciones de asesoría a establecimientos educacionales de la Municipalidad de La Pintana, por un monto total de $1.471 millones en fondos SEP. Una investigación de CIPER, publicada en 2016, acreditó que la empresa obtuvo el mayor puntaje en las licitaciones al presentar en su equipo a doctores y magíster en educación que no trabajaban realmente con la consultora, lo que constituyó una adulteración de antecedentes.
A raíz de estos hechos, en 2018 el Ministerio de Educación resolvió eliminar a Audigeduc del registro de entidades autorizadas para prestar apoyo técnico educativo, luego de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por la entonces concejala y actual alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. La resolución ministerial estableció que la consultora prestó servicios con profesionales que no estaban inscritos en el registro oficial, configurando una causal suficiente para su exclusión.
CIPER también consignó que esta no fue la única sanción asociada a Ortega. En enero de 2021, otra entidad de su propiedad fue multada por el Departamento de Extranjería y Migración por contratar a un trabajador extranjero sin autorización laboral. El medio indicó que no existen antecedentes de recursos de reconsideración en ninguno de estos procesos.
Llegada al SLEP de Los Andes
Según información entregada por el propio SLEP de Los Andes a CIPER, Miguel Ortega ingresó a la institución en febrero de 2025 como coordinador de Control de Gestión en la Subdirección de Planificación, y en junio fue nombrado jefe del Departamento Jurídico y Transparencia.
Desde el servicio local señalaron al medio que, si bien existieron procesos administrativos y judiciales en el pasado, no se acreditó la comisión de delitos, por lo que no existen impedimentos legales que lo inhabiliten para ejercer el cargo.
Por su parte, la alcaldesa Claudia Pizarro manifestó a CIPER que, aunque las causas no prosperaron penalmente, desde un punto de vista ético y moral considera que Ortega no debiera desempeñar cargos de esta naturaleza, aunque reconoció que legalmente no hay antecedentes que se lo impidan.
La investigación de CIPER también da cuenta de un prolongado conflicto judicial entre Audigeduc y la Municipalidad de La Pintana por facturas impagas, el que concluyó en 2019 con un acuerdo económico aprobado por el concejo municipal, mediante el cual se pagaron más de $411 millones en fondos SEP, pese a que se acreditó que los servicios fueron ejecutados por un equipo distinto al ofertado en la licitación.
El reportaje completo fue publicado por CIPER Chile, medio que intentó obtener la versión de Miguel Ortega Aguirre, sin recibir respuesta hasta el cierre de la investigación.
