La pandemia ha sido el detonante o acelerador más importante de la transformación digital en Chile y el mundo, es por eso por lo que el ámbito digital se ha hecho tan importante en nuestras vidas desde el momento en que queremos sacar un salvoconducto o permiso a través de la Comisaría Virtual, hacer algún trámite para postular a algún beneficio del Estado a través de la Clave Única, pedir un producto por delivery o usar aplicación de transporte.
A raíz de lo expuesto anteriormente, es que muchos ciudadanos están pidiendo que, considerando estas nuevas plataformas tecnológicas y la digitalización, se incluyan derechos digitales en la nueva carta magna. Los parlamentarios Gonzalo Fuenzalida (RN), Jorge Alessandri (UDI) y el senador Kenneth Pugh (independiente por RN) debatieron al respecto y entregaron sus ideas al respecto.
“La constitución debe consagrar un nuevo derecho social en que el Estado debe garantizar y propender la conectividad de todos los ciudadanos en Chile. Esta conectividad hoy puede ser a través de Internet, pero puede ser futuras tecnologías que permitan a los niños conectarse a la educación de manera telemática, a las personas poder conectarse en cualquier lugar del país y hacer su trabajo o concurrir a una asistencia primaria de salud por vía virtual y de esa manera generar una menor brecha de desigualdad, ya que la tecnología nos permite cumplir con ese derecho social. El derecho a la información y conectividad deberían ser constitucional”, explicó Fuenzalida.
También debería estar consagrado en la constitución, según el legislador, la obligación del Estado de propender a la automatización de todos sus procesos, no por mera voluntad del gobierno de turno, sino que de todos los servicios a los cuales acceden los ciudadanos deben ser automatizados. De esta forma se debe terminar con las filas y papeleos burocráticos.
Similar visión comparte el senador Kenneth Pugh, quien propone asegurar esa relación entre personas y el aparato estatal. “Se debe garantizar el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Chile puede aspirar al 2025 a transformarse digitalmente, pero se debe liderar de forma clara y decidida este proceso para proveer acceso universal a trámites digitales con el Estado a través de una plataforma integrada de datos que garantice el principio “sólo una vez” para almacenar en un solo lugar considerando todos los resguardos de privacidad de datos y ciberseguridad”, aseveró.
Por otra parte, Pugh realza la importancia de garantizar en la constitución el derecho a la protección de datos de las personas en el mundo virtual, al igual que el congresista Jorge Alessandri, quien enfatiza en que estos derechos deben estar bajo el resguardo de la Agencia Nacional de Protección de Datos como ocurre en algunos países de la OCDE, que siempre son referentes.
“Este órgano independiente ha generado controversias en el Poder Legislativo por la inversión que podría producir el tener completa autonomía en sus decisiones y que no se encuentre al alero del actual Consejo para la Transparencia, que ha sido una de las propuestas que se ha efectuado. En la nueva carta fundamental se le puede otorgar a este órgano un rango constitucional como ocurre con el Banco Central”, dijo.
